Cuentas de Roberto Salcedo se mantienen embargadas. Daños superarían los RD$100 millones

Desmienten que se haya revocado embargo y pago de astreinte dictado contra Roberto Salcedo

“No es cierto que se haya levantado el embargo conservatorio a las cuentas personales y bienes inmuebles del síndico Esmérito Salcedo Gavilán o que se haya suspendido el pago de una astreinte por 10 mil pesos diarios,” aclaró el consejo de abogados de la empresa Impacto Urbano, favorecida por siete sentencias en el litigio legal que mantiene con el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

El equipo legal de la empresa publicitaria de capital domínico-argentino, explicó que “las cuentas bancarias del síndico y los bienes inmuebles de su propiedad han sido embargados provisionalmente por Impacto Urbano desde el 18 de enero de 2008 en base al título ejecutorio constituido por una sentencia de la Corte de Apelación que confirma la astreinte y el pago de daños y perjuicios contra Roberto Salcedo”.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional puso a circular una nota de prensa en la que se afirmaba que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional había rechazado por falta de pruebas la demanda en liquidación de astreinte intentada por la empresa Impacto Urbano.

“La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante decisión de fecha 26 de diciembre de 2007, que se impone a cualquier decisión de jueces de paz o de primera instancia, es clara en cuanto a que la astreinte a la cual fue condenado Salcedo mediante decisión del 19 de marzo de 2007 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, queda mantenida “por el mismo monto” que ordenó el tribunal de primera instancia, rechazando “el recurso de apelación del señor Salcedo Gavilán”, apunta el consejo de abogados.

Los juristas Eduardo Jorge Prats, Felix Damián Olivares, Rolando De La Cruz Bello y Rafael Espaillat, explicaron que el monto de la astreinte asciende actualmente a más de 12 millones de pesos, aunque la cifra aumenta a razón de diez mil pesos diarios, hasta que se cumpla el mandato judicial de reposición de los elemntos publicitarios retirados abusivamente por la
Sindicatura.

Sostuvieron que los asesores de relaciones públicas de Roberto Salcedo se han dedicado a
fabricar noticias con hechos irreales o fuera de contexto, para tratar de crear un estado de opinión pública que oculte la situación real de la litis.

Los abogados de Impacto Urbano estiman que al final de los procesos judiciales los daños y perjuicios causados a la empresa sobrepasarían los Cien Millones de Pesos
(RD$100,000,000.00) pues se le removieron y destruyeron ilegalmente 619 elementos publicitarios, sin contar con los contratos publicitarios perdidos, como consecuencia de acciones del síndico Salcedo destinadas a favorecer a otras empresas.

Sobre la apertura de juicio penal ordenada por Luis Rafael Leger, juez de paz municipal, en su calidad de juez suplente interino provisional no titular, los abogados de Impacto Urbano declararon que se trata de una reacción a la querella interpuesta por Impacto contra el síndico Salcedo, pues ese expediente estaba durmiendo y misteriosamente fue revivido tras Impacto Urbano querellarse contra el funcionario por abuso de poder y desacato a siete sentencias de los tribunales de la República.

“Ese mal ordenado juicio penal contra el presidente de Impacto Urbano se va a convertir en lo que debe ser: un verdadero juicio penal a la gestión de Roberto Salcedo quien le ha concedido a los munícipes, al país y a Impacto Urbano un magnífico escenario para que se conozcan todas y cada una de las tropelías y abusos de poder cometidos por el síndico y algunos de sus más cercanos colaboradores”, apuntan los abogados.

Entienden que la situación de Salcedo podría ser causa de un juicio político por vía del Congreso Nacional y su eventual separación del cargo para responder como ciudadano, ya que sus faltas no necesariamente comprometen a la institución que representa, aunque se mostraron totalmente confiados en la justicia dominicana la cual en siete ocasiones ha confirmado los derechos de Impacto Urbano y condenado las actuaciones del síndico Salcedo y el Ayuntamiento.