RAMON RAMOS
SANTO DOMINGO, R.D.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) dijo este domingo que el préstamo de los 130 millones de dólares contraído por el gobierno dominicano con la empresa Sun Land para la construcción de obras prioritarias en el país debió ir al Congreso Nacional.
El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán que este caso ha generado todo una serie de debates jurídicos que se han hecho público a favor y en contra del mismo.
Dijo que una gran parte de los juristas entendió al principio de que no se trataba de un préstamo, pero al analizar el documento que se firmó, se puede ver que trata de un préstamo que afecta la renta nacional.
Señaló que es una cuestión de principio y no de forma, ya que los principios constitucionales no son negociables.
Manifestó que todos lo que afecta a la rentas nacionales tiene que ir al Congreso Nacional, porque éste es el órgano de control del Estado.
Indicó que éste caso puede ser salvado por el gobierno, ya que existe una figura en materia de derecho privado que se llama la materia de la confirmación.
"Cuando tu, por ejemplo, habiendo firmado un contrato privado y tu obvia requisitos que son propios en un determinado tema, tu tienes la oportunidad en una segunda ocasión poder enmendar, sobre la base de la firma de otro documento. Tú puedes confirmar las deficiencias que en principio no tomates en cuenta al elaborar inicialmente el contrato", explicó el jurista.
A su juicio, esa figura jurídica puede ser trasladada a los asuntos públicos, por lo tanto el Poder Ejecutivo tiene el derecho y la gran oportunidad de enviar al Congreso Nacional el préstamo de US$130 millones con la empresa Sun Land, lo que vendría a cubrir lo en principio era una deficiencia.
Dijo que esta situación ha pasado de lo jurídico a lo político, por lo que espera que el presidente Leonel Fernández envíe al Congreso Nacional para salvar la situación, a fin de traer la tranquilidad no solo de la clase política, sino de la sociedad.
Dijo esperar que la Suprema Corte de Justicia de un dictamen institucional con relación al recurso inconstitucional interpuesto Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo ante ese tribunal contra el préstamo de los US$130 millones contraído por el gobierno dominicano y la empresa Sun Land.
Igualmente, criticó a los jueces de la Cámara de Cuenta y al Contralor General de la República, quienes no se dieron cuenta de esa operación con la empresa Sun Land, que son los órganos de supervisar los ingresos y gastos del Estado.
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