Perspectiva ciudadana
Gran parte de las angustias e insatisfacciones de los ciudadanos y ciudadanas con la democracia, con la economía, con la vida en general, son causadas por el desempleo. No tener un empleo, el temor a perderlo, saber que se tiene un empleo por poco tiempo (empleos basura) o padecer de largos períodos de desempleo durante la vida útil, enferman al ser humano, minan su autoestima y afectan grandemente sus relaciones y la convivencia.
No hay manera de organizar y sustentar la existencia con ausencia de empleos, sin oportunidades de percibir ingresos. El derecho a la felicidad es imposible sin empleo.
No hay manera de sustentar la gobernabilidad, la cohesión social, sin estrategias efectivas de creación y protección de empleos para los ciudadanos y ciudadanas.
Se ha querido culpar a quienes padecen desempleo de ser los responsables de su mala y penosa condición, como si pudiésemos olvidar que empleo, ahorro e inversión responden a la lógica de oportunidad de renta y que la convivencia la norman derechos y deberes, las ensanchan y garantizan gobiernos y las protegen leyes y jueces.
Es común en nuestros días valorar el buen gobierno a partir de las riquezas que se producen y el clima de estabilidad y confort en el que se desenvuelve la producción y el comercio.
Ya verás, se escucha decir, si hay crecimiento con estabilidad, lo demás viene por añadidura. Pero, la verdad, es que la añadidura no viene, ni tampoco cae del cielo. El crecimiento tal como actualmente lo entienden los hacedores de políticas se concibe desde el individuo empresario y no desde los individuos ciudadanas y ciudadanos. Hay que replantear el enfoque, la perspectiva, el punto desde el que se miran y diseñan las políticas públicas.
Y las cifras dominicanas están ahí para demostrar la ineficacia social de la política de crecimiento. Crece la economía como en ninguna parte, salvo en China, pero no el empleo. Tanto es así que la gente se ha convencido de que no puede esperar de los gobiernos políticas de empleo y ha decidido crearse el suyo, precario y vulnerable. 56 de cada cien dominicanos y dominicanas empleados están en el llamado sector informal. Casi dos millones de personas.
Por lo pronto, a esas personas emprendedoras, el Estado y los gobiernos nacional y municipales, deben apoyarlos.
Saludamos la iniciativa de la Corporación de Fomento Industrial, institución estatal, y del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, de construir un parque industrial, con cuatro naves y un centro comercial, que ha sido posible por permutas de tierras y la voluntad de respaldar a los miles de pequeños y medianos empresarios y de crear y proteger empleos.
El debate en torno al gasto e inversión pública para el 2008 está a la vuelta de la esquina.
Una política pública de creación y protección de empleos y el apoyo a las instituciones públicas, privadas y ONGs que lo fomentan debería merecer la mayor simpatía de técnicos gubernamentales, legisladores y de todos y todas los que puedan hacer oir su voz y su reclamo.
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viernes, 7 de septiembre de 2007
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