La cúpula dirigencial del Partido Revolucionario Dominicano aseguró este domingo que el Presidente de la República rescindió el contrato con la empresa Sun Land por presiones del Fondo Monetario internacional.
La organización politica explicó que el gobierno con esta acción trató de evitar que el organismo internacional emitiera un reporte negativo por la falta de transparencia del gobierno en esta operación.
En un comunicado de prensa hecho llegar a la redacción de La Nueva Crónica, firmado el presidente del PRD, Ramón Alburquerque y el secretario general Orlando Jorge Mera, dijo que la divulgación de la rescisión fue como consecuencia de una reunión celebrada el mismo día 7 de diciembre en el Banco Central entre el equipo económico y la misión del FMI, la cual se extendió por más de seis horas.
Declaración Pública
Con motivo de la rescisión del contrato de obras prioritarias suscrito entre el Gobierno Dominicano y la empresa SunLand Corporation RD, S.A., de fecha 15 de mayo de 2006, la cual fue anunciada el pasado 7 de diciembre, y luego de haber estudiado el acuerdo de resolución del contrato antes mencionado, de fecha 28 de noviembre de 2007, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) informa a la opinión pública nacional y al país lo siguiente:
1. Ha sido por presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el gobierno dominicano ha anunciado la rescisión del contrato con la empresa SunLand a fin de evitar que este organismo internacional, que ya tiene en su poder toda la documentación del caso, emitiera un reporte negativo por la falta de transparencia del gobierno en este caso. A tal efecto, la divulgación de la rescisión es como consecuencia de una reunión celebrada el mismo día 7 de diciembre en el Banco Central entre el equipo económico y la misión del FMI, la cual se extendió por más de seis horas.
2. Esta rescisión confirma que el PRD tiene razón con relación a la inconstitucionalidad e ilegalidad del contrato con la empresa SunLand y a la existencia de un presupuesto público paralelo.
3. El PRD tiene razón al decir que los diecinueve (19) Pagarés emitidos por el Gobierno Dominicano habían sido colocados a inversionistas internacionales, entre los que se encuentra el HSBC Bank USA y el Royal Bank of Scotland.
4. Ha quedado demostrado que esas obligaciones constituyen una deuda pública, lo cual revela que el Presidente Leonel Fernández ocultó la verdad al país y a los directores de medios de comunicación en la conferencia de prensa del 25 de octubre de 2007.
5. Ha quedado demostrado que el dinero proveniente de la colocación de los Pagarés en el mercado de capitales nunca llegó a las cuentas del gobierno en el Banco de Reservas ni a las cuentas del Banco Central en el extranjero, violándose la Constitución y las Leyes.
6. La afirmación del gobierno de que ese contrato ha sido rescindido por el incumplimiento de la SunLand es una maniobra que pretende esconder los vicios de inconstitucionalidad que afectan y afectaron a esta operación. Por ese motivo, el gobierno del presidente Leonel Fernández está tratando de escapar del peso de la justicia dominicana.
7. La rescisión por parte del gobierno del contrato no suspende el conocimiento de un proceso que está en manos de la Suprema Corte de Justicia, la cual ya está en condiciones de emitir su decisión. No tiene que esperar el dictamen del Ministerio Público. Así mismo ha sido establecido por sentencias de la propia Suprema Corte de Justicia.
8. El nuevo acuerdo del Gobierno y la SunLand es un reconocimiento de que el gobierno estaba atrasado en el pago de los Pagarés o Notas Promisorias, lo cual había sido negado por el Secretario de Estado de Hacienda.
La decisión de pagar 32 millones de dólares a la SunLand por concepto de erogaciones que supuestamente ésta le realizó a los contratistas así lo demuestra. Con ese dinero la SunLand honraría los Pagarés No. 6-19, 9-19, 10-19, 11-19 y 12-19; los últimos cuatro constituyen la deuda atrasada que está en manos del Royal Bank of Scotland y que había estado dando origen a una demanda de esa entidad financiera en contra del Gobierno de Fernández.
9. Antes de realizar ese pago de 32 millones de dólares a la SunLand, ésta debe presentar pruebas de que realizó transferencias o pagos mediante cheque a cada uno de los contratistas que han estado construyendo las obras que se habían establecido en el Contrato firmado entre el Gobierno y la SunLand en mayo de 2006. Si la empresa SunLand no demuestra que ese dinero fue transferido a los contratistas por concepto de pago de cubicaciones, se podría inferir que el pago de los 32 millones que está realizando el gobierno a la SunLand constituye una transferencia de recursos del erario para honrar los Pagarés sin que se hubiese generado una verdadera obligación en contra del Estado.
10. Por otra parte, en el nuevo acuerdo con la SunLand el gobierno reconoce que quedarían pendiente los Pagarés No. 13-19, 14-19, 15-19, 17-19, 18-19 y 19-19, los cuales vencen entre enero y julio de 2008 y están en manos de inversionistas extranjeros, entre los cuales se encuentra el Royal Bank of Scotland que posee las Notas Promisorias No. 17-19 y 18-19. La venta de esos pagarés generaron un ingreso a la SunLand de 41 millones de dólares que serían devueltos mensualmente según vayan venciendo entre enero y julio de 2008, abriéndose una carta de crédito por esa suma a favor del gobierno "como garantía de cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieren originarse a cargo de la Primera Parte [el gobierno]." Con esos pagos mensuales el gobierno iría saldando cada uno de los Pagarés, también mensualmente, a los inversionistas extranjeros. Esto también es una clara demostración de que esos Pagarés son una obligación del Gobierno.
11. Cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno acepta pagos mensuales de la SunLand y no el pago inmediato ya que el dinero no se usará en la construcción de las obras? Si la SunLand tiene el dinero que es propiedad del pueblo dominicano, ¿por qué no se le exige que lo devuelva de inmediato si no hay ninguna obligación con esa empresa?
12. Con relación a los Pagarés No. 1-19 y 2-19, el PRD emplaza nuevamente al gobierno a que demuestre que esos Pagarés no fueron honrados por el Gobierno Dominicano a través del Banco de Reservas. El gobierno debe demostrar también que el Pagaré No. 16-19, que fue readquirido por la empresa SunLand, será entregado al gobierno sin que haya ocurrido un pago a cuenta del Estado.
13. De la lectura del acuerdo del gobierno y de la SunLand se ha descubierto que hay diez nuevos Pagarés numerados 3-19A, 4-19A, 5-19A, 6-19A, 7-19A, 8-19A,9-19A, 10-19A, 11-19A y 12-19A, cuya existencia debe ser explicada por las autoridades gubernamentales, presentándolos físicamente ante la opinión pública.
14. Antes de concluir es preciso resaltar algunos detalles que revelan la ausencia de
transparencia y de responsabilidad que ha tenido el Presidente Leonel Fernández en este caso. Tal como se ha señalado, el 25 de octubre de 2007, el Presidente Fernández convocó a una conferencia de prensa donde defendió y justificó toda esta transacción; sin embargo, de la lectura del acuerdo nos enteramos que el 29 de octubre de 2007 el Presidente Fernández le dirige una comunicación al Secretario de Hacienda solicitando que se pronuncie sobre el caso, lo cual hizo el 2 de noviembre de 2007, concluyendo que no hay interés del gobierno en continuar con el financiamiento obtenido a través de la SunLand. Cabe recordar que tanto el Presidente Fernández como el Secretario de Hacienda negaron rotundamente la existencia de un financiamiento público.
15. El 8 de octubre de 2007 toda la prensa nacional recogió tres tipos de espacios pagados. Una carta del Rector de la UASD donde le solicitaba al Presidente Fernández "mantener su correcta decisión de invertir en la Educación Superior Pública, manteniendo el flujo financiero a las obras que Usted construye en la UASD." Otro documento publicado fue el texto de justificación del contrato con la SunLand elaborado por la empresa Tecnoamérica que preside el ingeniero Pedro Delgado Malagón. Y una publicación a todo color de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con imágenes virtuales, bajo el título "Estas son las obras que se construyen en la UASD." Toda esta publicidad, pagada con recursos del Estado Dominicano, no sirvió para nada, pues el Presidente Fernández acaba de rescindir el contrato que tanto fue defendido para justificar lo injustificable.
16. La rescisión del contrato no exonera de responsabilidad al Presidente Leonel Fernández y, por ese motivo, el PRD continuará con este caso hasta llegar a las últimas consecuencias legales. El caso de la SunLand no está cerrado. Ese expediente sólo se cerrará con el sonido del mallete del juez, cuando dicte sentencia en contra de todos los involucrados en este escándalo de corrupción pública.
9 de diciembre de 2007.
Ramón Alburquerque Orlando Jorge Mera
Presidente Secretario General
15. El 8 de octubre de 2007 toda la prensa nacional recogió tres tipos de espacios pagados. Una carta del Rector de la UASD donde le solicitaba al Presidente Fernández "mantener su correcta decisión de invertir en la Educación Superior Pública, manteniendo el flujo financiero a las obras que Usted construye en la UASD." Otro documento publicado fue el texto de justificación del contrato con la SunLand elaborado por la empresa Tecnoamérica que preside el ingeniero Pedro Delgado Malagón. Y una publicación a todo color de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con imágenes virtuales, bajo el título "Estas son las obras que se construyen en la UASD." Toda esta publicidad, pagada con recursos del Estado Dominicano, no sirvió para nada, pues el Presidente Fernández acaba de rescindir el contrato que tanto fue defendido para justificar lo injustificable.
16. La rescisión del contrato no exonera de responsabilidad al Presidente Leonel Fernández y, por ese motivo, el PRD continuará con este caso hasta llegar a las últimas consecuencias legales. El caso de la SunLand no está cerrado. Ese expediente sólo se cerrará con el sonido del mallete del juez, cuando dicte sentencia en contra de todos los involucrados en este escándalo de corrupción pública.
9 de diciembre de 2007.
Ramón Alburquerque Orlando Jorge Mera
Presidente Secretario General
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