RAMIRO ESTRELLA
La Comisión de Finanzas y Contratos del Senado estudia un proyecto de ley sometido por el senador reformista Adriano Sánchez Roa, que plantea aumentos salariales para los sectores público y privado, de 12 mil pesos para empresas grandes, 9 mil para las medianas y 6 mil en la microempresas.
La legislación establece un salario mínimo de diez mil pesos en el sector público y una escala mínima en la empresa privada, con un aumento del 50 y 60 por ciento a todos los empleados, profesionales, trabajadores, guardias, policías y pensionados.
Sánchez Roa explica que el proyecto de su autoría persigue que los trabajadores, empleados públicos, profesionales y pensionados puedan mejorar su nivel de vida, porque actualmente no pueden adquirir el 77 por ciento de los alimentos, medicamentos, educación, y recreación básicas,
El senador por la provincia Elías Piña observa en su iniciativa que en los últimos años la economía ha sido afectada por la crisis bancaria, las alzas de los derivados del petróleo y el bajo gasto público de capital, lo que ha ocasionado un incremento significativo en el costo de la vida, a tal extremo que el costo de la canasta familiar está en 16 mil pesos mensuales.
Sostiene que "a causa de que los sueldos y salarios no alcanzan a cubrir la cuarta parte de sus necesidades básicas existenciales, los trabajadores dominicanos se encuentran en un peligroso estado de indefensión social, que podría generar graves dificultades para la gobernabilidad".
Al motivar la pieza, indicó que el gobierno y los empresarios debían ser los más interesados de aplicar esos aumentos, en razón de que el bajo circulante no se explica, en medio de anuncios de crecimiento del Banco Central, y que "los pobres no guardan dinero, gastan inmediatamente los sueldos y salarios recibidos".
Explicó que los sueldos y salarios mínimos promedios actuales, en los sectores público y privado, de aproximadamente cuatro y cinco mil cien pesos mensuales, respectivamente, apenas alcanzan para cubrir el 23% del costo de la canasta familiar.
Sánchez Roa dijo que es un deber ineludible del Estado propiciar y garantizar que ese supuesto crecimiento general de la economía beneficie a todos los dominicanos, con sujeción a los principios de equidad y justicia social distributiva.
Indicó que la justa y equitativa aplicación de los ingresos públicos y las ganancias netas empresariales, constituyen un instrumento idóneo en los programas de lucha contra la pobreza, "especialmente cuando organismos internacionales han establecido que más de millón y medio de dominicanos han caído debajo del nivel de pobreza".
La Comisión de Finanzas y Contratos del Senado estudia un proyecto de ley sometido por el senador reformista Adriano Sánchez Roa, que plantea aumentos salariales para los sectores público y privado, de 12 mil pesos para empresas grandes, 9 mil para las medianas y 6 mil en la microempresas.
La legislación establece un salario mínimo de diez mil pesos en el sector público y una escala mínima en la empresa privada, con un aumento del 50 y 60 por ciento a todos los empleados, profesionales, trabajadores, guardias, policías y pensionados.
Sánchez Roa explica que el proyecto de su autoría persigue que los trabajadores, empleados públicos, profesionales y pensionados puedan mejorar su nivel de vida, porque actualmente no pueden adquirir el 77 por ciento de los alimentos, medicamentos, educación, y recreación básicas,
El senador por la provincia Elías Piña observa en su iniciativa que en los últimos años la economía ha sido afectada por la crisis bancaria, las alzas de los derivados del petróleo y el bajo gasto público de capital, lo que ha ocasionado un incremento significativo en el costo de la vida, a tal extremo que el costo de la canasta familiar está en 16 mil pesos mensuales.
Sostiene que "a causa de que los sueldos y salarios no alcanzan a cubrir la cuarta parte de sus necesidades básicas existenciales, los trabajadores dominicanos se encuentran en un peligroso estado de indefensión social, que podría generar graves dificultades para la gobernabilidad".
Al motivar la pieza, indicó que el gobierno y los empresarios debían ser los más interesados de aplicar esos aumentos, en razón de que el bajo circulante no se explica, en medio de anuncios de crecimiento del Banco Central, y que "los pobres no guardan dinero, gastan inmediatamente los sueldos y salarios recibidos".
Explicó que los sueldos y salarios mínimos promedios actuales, en los sectores público y privado, de aproximadamente cuatro y cinco mil cien pesos mensuales, respectivamente, apenas alcanzan para cubrir el 23% del costo de la canasta familiar.
Sánchez Roa dijo que es un deber ineludible del Estado propiciar y garantizar que ese supuesto crecimiento general de la economía beneficie a todos los dominicanos, con sujeción a los principios de equidad y justicia social distributiva.
Indicó que la justa y equitativa aplicación de los ingresos públicos y las ganancias netas empresariales, constituyen un instrumento idóneo en los programas de lucha contra la pobreza, "especialmente cuando organismos internacionales han establecido que más de millón y medio de dominicanos han caído debajo del nivel de pobreza".
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