Un tribunal chino condenó a muerte al ex funcionario de ese país que concedió las licencias farmacéuticas a los productores de pastas dentales que produjeron la muerte al menos a diez personas en distintos países.
Zheng Xiaoyu, de 63 años, fue acusado de aceptar sobornos de hasta 832 mil dólares a cambio conceder licencias farmacéuticas y ´de actuar con negligencia cuando ejerció su cargo de director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos. En el caso están también implicados su mujer y su hijo. Xiaoyu ocupó el puesto, con rango ministerial, entre 1998 y 2005.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino aseguró que la condena a muerte del ex responsable de alimentos y fármacos del país asiático es una prueba de la seriedad con la que el Ejecutivo comunista se toma la lucha anticorrupción.
"Aunque la valoración de la pena de muerte no es materia del Ministerio de Exteriores, este caso hrefleja la lucha del Gobierno chino contra la corrupción", dijo hoy Jiang Yu, la portavoz de turno de la cancillería. Jiang añadió que el caso también demuestra cómo su gobierno da "prioridad a la vida y a la seguridad del pueblo chino", en un escándalo de sobornos y negligencias en la concesión de licencias farmacéuticas que ha tenido repercusión indirecta en países como Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Australia.
El cargo de responsable de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos es equivalente al de ministro. Es la primera vez que se impone a un funcionario de esta categoría en siete años. La sentencia se interpreta como una advertencia de Pekín ante los numerosos casos de corrupción.Zheng cobró 616.000 euros en sobornos en los ocho años que ocupó el cargo.
La agencia se creó en 1998, pero el poder de Zheng se acrecentó en el 2002, cuando la ley obligó a que las drogas fueran aprobadas por ella.
El tribunal cree probado que cobraba por repartir las etiquetas de Buen producto médico. "Ha jugado con la vida de la gente y ha causado un impacto social devastador", dice la sentencia.
Él figuraba como responsable de una empresa ficticia que servía de intermediaria para obtener y vender licencias, mientras que ella trabajaba en una empresa farmacéutica cuyas vacunas, con el correspondiente certificado médico, mataron a diez personas en Cantón. Los compuestos incluían un anticongelante utilizado en líquido de frenos.
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